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La Ley 1/2013, de 14 de mayo, estableció que los clientes de las entidades financieras son libres de aportar un informe emitido por cualquier Sociedad de Tasación Homologada y no están obligados a aceptar que sea su entidad financiera la que escoja la tasadora. Así, en el artículo 4.Cuatro se modificó la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario:

Cuatro. El artículo tercero bis I) queda redactado del siguiente modo:

«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, siempre que sea certificada por un tasador homologado, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y no esté caducada según lo dispuesto legalmente, y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación. El incumplimiento de esta obligación se entenderá en todo caso como infracción grave o muy grave de la entidad de crédito en los términos de los artículos 5.d) o 4.e), respectivamente, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, respectivamente